El juez peruano Richard Concepción resolvió ayer solicitar a las autoridades de Estados Unidos la extradición del expresidente de Perú Alejandro Toledo por presuntamente recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht por valor de 20 millones de dólares.
El magistrado, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional de Perú, ya emitió hace un año una orden internacional de captura contra Toledo, que de momento continúa residiendo en California (Estados Unidos) sin que su detención se efectúe.
A Toledo, que gobernó Perú entre 2001 y 2006, se le imputan los presuntos delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos en agravio del Estado, sin que ninguno de ellos haya prescrito todavía, según recordó el juez en su resolución.
Concepción deberá remitir el expediente de Toledo a la Corte Suprema de Perú para que apruebe la solicitud y esta se tramite con las autoridades estadounidenses por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El juez argumentó en su dictamen que los delitos imputados cumplen con el requisito de doble incriminación, al estar contemplados tanto en el código penal de Perú como en el de Estados Unidos.
Según las investigaciones realizadas por la Fiscalía, Toledo recibió 20 millones de dólares de Odebrecht a cambio de beneficiarla en la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica del sur, que atraviesa el territorio peruano desde la costa del océano Pacífico hasta su frontera con Bolivia y Brasil.
Los pagos ilícitos fueron depositados en cuentas bancarias de empresas "offshore", ubicadas en paraísos fiscales, como Trailbrifde Ltd. y Merhav Overseas Limited y Warbury and Co., propiedad del empresario israelí Yosef Maiman, amigo personal de Toledo.
Esos fondos fueron supuestamente traspasados a la empresa Ecoteva, fundada en 2012 en Costa Rica por la suegra de Toledo, Eva Fernenbug, para pagar las hipotecas de las casas del expresidente en Lima y en el balneario norteño de Punta Sal, además de otra casa y una oficina en Lima por valor cercano a los cinco millones de dólares, en negociaciones en las que supuestamente el exmandatario intervino.
