La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) celebró ayer una audiencia pública para evaluar el indulto humanitario otorgado por el Gobierno de Perú al expresidente Alberto Fujimori, a quien las víctimas de dos matanzas por las que fue condenado piden revocar por considerarlo ilegal.
La Corte escuchó a la representación del Estado de Perú, la cual defendió la constitucionalidad del indulto y negó que se tratara de una movida política, mientras que la defensa de las víctimas alega que es una medida "arbitraria, irregular e ilegal".
El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, otorgó el 24 de diciembre de 2017 un indulto, que justificó en razones humanitarias de salud, a Fujimori, de 79 años.
Kuczynski también le otorgó el derecho de gracia presidencial, por lo que el exgobernante no podrá ser procesado en un juicio abierto por el asesinato de 6 personas en el distrito de Pativilca (norte de la región Lima).
La representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó a los jueces que, ante la situación de salud del expresidente Fujimori, el Estado de Perú tenía que adoptar medidas para resguardar la salud sin que fuera necesario conceder el indulto y el derecho de gracia.
Según la defensa de las víctimas, el indulto se trata de un acuerdo político bajo un contexto en el cual la bancada de la fracción legislativa fujimorista ha arrinconado al Gobierno porque cuenta con el control del Parlamento.
