El secretario general de la OEA, Luis Almagro, redobló ayer su presión al Gobierno venezolano al pedir más sanciones y plantearse denunciar al presidente Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI).
En una conversación con un grupo reducido de periodistas, entre ellos EFE, el excanciller uruguayo explicó su estrategia para lograr la "redemocratización" de Venezuela, lo que hasta ahora ha sido la gran prioridad de sus dos años y medio de mandato en la OEA.
Sus dos vías de acción son, por un lado, solicitar a la comunidad internacional sanciones más duras y, por otro, la posibilidad de denunciar él mismo a Maduro ante la CPI si los expertos de la OEA se lo recomiendan en un informe que presentarán a finales de mes.
Su opinión es que las sanciones, incluidas las de los países americanos, son el único camino diplomático que queda para que Maduro se vea forzado a aceptar un proceso electoral con garantías y observación internacional.
"El camino diplomático que queda por delante es el camino de las sanciones y creo que tiene que haber sanciones cada vez más duras que permitan que el régimen venezolano estructure y permita un proceso electoral claro, la construcción de un sistema electoral garantista", sostuvo.
Almagro, al frente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) desde mayo de 2015, ya se había pronunciado anteriormente a favor de las sanciones a Venezuela aplicadas por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.
"Aún hay espacio para la vía diplomática, que en este momento implicaría negociaciones serias para la democratización y el aumento de sanciones contra los personeros (representantes) del régimen y/o el aparato económico y financiero", consideró el excanciller, una de las voces más críticas con el Gobierno de Maduro.
