Los familiares de las víctimas de los crímenes por los que fue condenado el expresidente Alberto Fujimori centran sus principales esperanzas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) para anular el indulto que la pasada Nochebuena le concedió el presidente, Pedro Pablo Kuczynski.

En una rueda de prensa en la que estuvieron acompañados por las cuatro organizaciones que los asesoran legalmente, los parientes de las víctimas anunciaron que buscarán tanto en el sistema jurídico peruano como en la CorteIDH un fallo que devuelva a Fujimori a prisión.

El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) Carlos Rivera, quien representa a las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, aseguró que existen suficientes elementos para dejar sin efecto la libertad de Fujimori.

Según Rivera, la primera irregularidad es que se trata de un indulto de carácter político y no humanitario, como se argumentaba en la resolución firmada por Kuczynski, que aludía al estado de salud de Fujimori.

El letrado acusó a Kuczynski de alcanzar un acuerdo político con Fujimori para darle la libertad solo tres días después de salvarse de ser destituido por el Congreso, gracias a la abstención de un pequeño sector del fujimorismo liderado por Kenji Fujimori, hijo menor del expresidente, que le pidió el indulto.

Rivera también destacó la inusitada velocidad con la que se tramitó el indulto, en apenas 13 días, cuando la anterior solicitud tardó nueve meses en ser resuelta por el entonces presidente Ollanta Humala, quien en 2013 le denegó la libertad.

Criticó la falta de transparencia en el proceso y acusó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y a la primera ministra, Mercedes Aráoz, de ocultarlo y negarlo el jueves 21, día en el que se votaba en el parlamento la moción de destitución de Kuczynski, cuando el documento ya estaba en esas instancias.