La campaña electoral para las elecciones regionales del 21 de diciembre en Cataluña comenzó ayer, marcada por la decisión de la justicia española de retirar las órdenes de detención y entrega europeas contra el expresidente regional catalán Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros que huyeron con él a Bruselas.
El juez del Tribunal Supremo español Pablo Llarena dejó ayer sin efecto las órdenes dictadas hace unas semanas por la Audiencia Nacional, por lo que todos ellos podrían salir de Bélgica y moverse libremente por cualquier territorio, aunque serían arrestados si regresaran a España.
Sin embargo, Puigdemont no se moverá de Bélgica, según aseguró el abogado belga que asume su defensa, Paul Bekaert, tras conocerse la decisión del magistrado español.
"No tenemos ninguna decisión oficial, no hemos visto ninguna notificación. Mientras no tengamos esos documentos, no vamos a reaccionar", precisó Bekaert.
Los cinco políticos independentistas se instalaron en Bruselas hace varias semanas mientras la justicia española actúa contra todos los integrantes del Ejecutivo autonómico catalán, cesados por el Gobierno español el 27 de octubre por impulsar un proceso independentista.
Fuentes del Tribunal Supremo explicaron a EFE que la decisión de Llarena debe interpretarse en dos líneas: la primera es evitar que la Justicia belga limite en alguna medida en su fórmula de entrega a España los posibles delitos que se puedan imputar al líder independentista y sus correligionarios.
La otra es que sigue vigente la orden nacional de detención, de modo que en el momento en que estos políticos decidan entrar en territorio español serán detenidos en las mismas condiciones que los otros imputados por el proceso secesionista.
El caso de los exgobernantes catalanes fue llevado en primer lugar por la Audiencia Nacional española y la jueza Carmen Lamela ordenó la detención e ingreso en prisión de todos ellos por delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia.
Con posterioridad, Llarena asumió todos los sumarios sobre el secesionismo que estaban en varios juzgados y ahora considera que se deben retirar las órdenes que lanzó la jueza Lamela.
