La justicia argentina confirmó ayer el procesamiento de la expresidenta Cristina Fernández (2007 - 2015) y sus dos hijos como presuntos líderes de una asociación ilícita destinada a cometer delitos de lavado de dinero junto a empresarios de la obra pública.

La sala I de la Cámara Federal de Buenos Aires, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia y Jorge Luis Ballestero, confirmó también el procesamiento de los constructores Lázaro Báez y Cristóbal López, y de Romina Mercado, sobrina de Fernández y su fallecido esposo –el también exmandatario Néstor Kirchner (2003 - 2007)– y quien fue presidenta desde 2015 de la sociedad Los Sauces.

RESOLUCIÓN

A través de una resolución publicada en el Centro de Información Judicial (CIJ), los magistrados avalaron así la decisión del juez federal Claudio Bonadio; quien, en abril de este año, consideró a la expresidenta Fernández "penalmente responsable de los delitos de tomar parte en una asociación ilícita en calidad de jefe".

Este concurre "en forma real con el delito de lavado de activos de origen ilícito", agravado por ser funcionario y por "negociaciones incompatibles", apuntó Bonadio en su resolución, en la que también ordenó un embargo sobre los bienes de Fernández por 130 millones de pesos (7.38 millones de dólares, al cambio actual).

Asimismo, Máximo –actual diputado nacional– y Florencia Kirchner también fueron embargados con grandes sumas de dinero y acusados por Bonadio de encabezar esa supuesta asociación ilegal.

La investigación se originó en abril de 2016 por una denuncia de la diputada de centroizquierda, Margarita Stolbizer, contra Fernández y sus hijos, en la que les acusaba de falsificación de documentos públicos, cohecho y lavado de dinero en supuestas transacciones ilícitas con López y Báez.