La retirada de Burundi de la Corte Penal Internacional (CPI) es "un intento más" del Gobierno dirigido por Pierre Nkurunziza de "proteger a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos de cualquier tipo de imputabilidad", denunció ayer Human Rights Watch (HRW).
El Ejecutivo burundés firmó el 27 de octubre de 2016 su salida de la CPI, de la que había sido miembro desde 2004, por lo que se hizo efectiva ayer.
