El Gobierno español exigió ayer al Ejecutivo de Cataluña que cese en su actitud de "desobediencia", suspenda el referéndum independentista del 1 de octubre, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, y reconozca la "autoridad judicial" para que los cuerpos de seguridad impidan la votación.
A tres días de la consulta secesionista, representantes de ambos gobiernos se reunieron ayer en la Junta de Seguridad de Cataluña, el órgano político de coordinación policial regional, convocada unilateralmente el miércoles por el presidente catalán, Carlos Puigdemont.
En esa reunión, el secretario de Estado español, José Antonio Nieto, advirtió a los miembros del Gobierno catalán del carácter radical de las protestas secesionistas de los últimos días, que podrían desembocar en situaciones de tensión si se hace creer a los ciudadanos que la consulta del 1 de octubre es válida. A pesar de las advertencias del Gobierno central, el ejecutivo catalán mantiene la convocatoria del referéndum. El consejero de Interior, Joaquim Forn, subrayó la intención del Gobierno catalán de no detener la consulta e indicó que los Mossos D'Esquadra, como policía autonómica competente, priorizarán por encima de todo el mantenimiento de la "convivencia".
