En plena celebración de los 196 años de la independencia de Guatemala, la presión popular y fallos judiciales hicieron abortar un pacto político que favorecía la corrupción y la impunidad, dos males que se resisten a la cura en este país centroamericano.
El intento de los diputados de favorecer a los secretarios generales y candidatos de los partidos políticos eximiéndolos de la responsabilidad en caso de financiación electoral ilícita fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de los guatemaltecos.
Si mantenerle la inmunidad al presidente de Guatemala, Jimmy Morales, señalado precisamente de ese delito electoral por la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) y el Ministerio Público (MP) el pasado lunes les había causado vergüenza, las reformas introducidas al Código Penal les provocó indignación.
La decisión adoptada de forma inesperada el miércoles 13 por el Congreso de dejar al margen de responsabilidades penales a los secretarios generales de las organizaciones políticas por recibir financiación electoral ilícita no duró mucho. De inmediato diversos sectores se pronunciaron no solo a través de las redes sociales en contra de esas modificaciones sino que varios grupos de organizaciones sociales y los universitarios se volcaron a los alrededores del Palacio Legislativo en el centro de la capital a demandar a los diputados dar marcha atrás.
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