Estados Unidos golpeó ayer por primera vez al sistema financiero venezolano con sanciones pero evitó de nuevo apuntar a la importación de petróleo, el núcleo de la economía del país suramericano.

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva por la que prohíbe las "negociaciones en deuda nueva y capital emitidas por el Gobierno de Venezuela y su compañía petrolera estatal (PDVSA)".

La prohibición afecta a las negociaciones hechas en EE.UU. o por una "persona de Estados Unidos", término que, como precisa el Departamento del Tesoro, se refiere a los ciudadanos con esa nacionalidad, los residentes permanentes, entidades organizadas bajo la ley del país, cualquier jurisdicción en el país (incluidas filiales internacionales) o cualquier persona en Estados Unidos.

El Gobierno Trump argumenta que estas nuevas sanciones responden a "recientes acciones del Gobierno de Venezuela", como el establecimiento de una "ilegítima" Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que "ha usurpado el poder" de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento, de mayoría opositora) "elegida democráticamente" y de "otras ramas del Gobierno".

Son una medida de presión ante la "corrupción pública rampante" y la "represión y persecución, y violencia, contra la oposición política".

Lo que busca además EE.UU. con estas sanciones es "proteger" su sistema financiero de "complicidad en la corrupción de Venezuela y en el empobrecimiento del pueblo venezolano", indicó la Casa Blanca en una nota. Preguntado en una rueda de prensa por las consecuencias políticas de las sanciones, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que EE.UU. no pretende "cambiar el liderazgo (en Venezuela) 'per se'", sino que busca "restaurar el proceso democrático y el Estado de Derecho".