El presidente brasileño, Michel Temer, perdió ayer el primer embate en una comisión parlamentaria que evalúa una grave denuncia por corrupción en su contra, cuando el instructor del caso pidió que sea sometido a un juicio penal que le suspendería del cargo durante seis meses.
"Por ahora, tenemos indicios suficientes para recomendar que la denuncia sea acogida"; son "indicios suficientes de materialidad" y "la acusación no es fantasiosa", declaró Sergio Zveiter, instructor de la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados.
Zveiter pertenece al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el propio Temer, pero aún así consideró que "la sociedad tiene derecho a una verdad" que solo podrá conocerse en un juicio, en el que Temer "tendrá el más amplio derecho a la defensa".
Esa comisión, que debatirá el caso a lo largo de esta semana, es la primera instancia en que la Constitución brasileña establece que se analice una acusación penal contra un jefe de Estado, que en caso de que la denuncia sea acogida sería suspendido de su cargo durante los seis meses que duraría el proceso.
El segundo paso será en el pleno de los 513 diputados, en el que es necesaria al menos una mayoría de dos tercios (342) votos para autorizar al Supremo a la instauración de un juicio penal.
Si así fuera, Temer sería suspendido 180 días y la vacante sería cubierta por el presidente de la Cámara Baja, Rodrigo Maia, un fiel aliado del mandatario pero ya barajado por sectores del propio PMDB como una alternativa ante un eventual juicio penal.
El fiscal general, Rodrigo Janot, ha fundamentado su acusación en unos testimonios dados por ejecutivos del grupo JBS, que en el marco de un acuerdo de cooperación han afirmado que sobornan a Temer desde 2010 a cambio de favores políticos. Además, entregaron un explosivo audio grabado por el dueño de ese grupo, Joesley Batista, durante una reunión que tuvo con Temer en la residencia oficial de la Presidencia y en el que relata, frente al silencio del mandatario, diversas maniobras ilegales que hacía en beneficio de esa empresa ante ministerios e incluso algunos jueces.
