Una comisión de la Cámara de Diputados comenzará a debatir la semana próxima la denuncia por corrupción que acorrala al presidente brasileño, Michel Temer, quien fue notificado ayer del inicio de un trámite que puede despojarlo del poder.
Los cargos contra Temer fueron formulados por la Fiscalía sobre la base de unas confesiones de directivos del grupo JBS, cuyo valor legal fue ratificado hoy por la Corte Suprema, con lo que se eliminó el último de los factores que pudieran haber detenido el proceso.
Como es de rigor, el texto de la denuncia fue remitido por el tribunal a la Cámara de Diputados, donde por imperativos legales fue leído en una sesión de un pleno que lució virtualmente vacío, debido a una suerte de "boicot" hecho por la poderosa base parlamentaria oficialista, que defiende la inocencia del mandatario.
Temer fue notificado oficialmente del inicio del trámite, pero no recibió personalmente el documento y le encargó esa responsabilidad a su subjefe de Asuntos Jurídicos, Gustavo Rocha. "Cumple este papel con mucha tristeza", dijo el diputado Fernando Giacobo, secretario de la Cámara Baja, responsable por la entrega de la notificación y miembro de uno de los partidos que apoya a Temer. El documento de 64 páginas que contiene la denuncia fue remitido también hoy a la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados, cuyos 66 miembros contarán con un plazo máximo de quince sesiones para decidir si los cargos deben ser acogidos.
Esa comisión elaborará un informe que, al margen de su resultado, será encaminado luego al pleno de los 513 diputados, donde la denuncia será admitida si contara con el respaldo de, al menos, dos tercios, que representan 342 votos.
Si así fuera, el Supremo instauraría un juicio penal contra el mandatario, quien sería suspendido de sus funciones durante los 180 días que duraría el proceso y su vacante sería cubierta por el jefe de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia.
