El Congreso brasileño dio ayer el primer paso hacia un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, con la presentación de un informe en el que se recomienda avanzar hacia un proceso con miras a su destitución.

El informe, redactado por el diputado Jovair Arantes, quien actúa como instructor de una comisión especial de la Cámara Baja, supone apenas el primero de los escalones del engorroso proceso que definirá si Rousseff responderá a un juicio político.

"Como la denuncia contiene todas las condiciones jurídicas y políticas necesarias para su admisión, concluye el instructor por la aceptación jurídica y política de la acusación y por la consecuente autorización para la instauración, en el Senado, del proceso por crimen de responsabilidad" contra la mandataria, indicó Arantes.
Las acusaciones formuladas por la oposición dicen que Rousseff incurrió en maniobras contables para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, modificar presupuestos mediante decretos y acumular deudas y contratar créditos con la banca pública, pese a que la legislación lo prohíbe.

Todo eso, según la parte acusadora, constituye "delitos de responsabilidad", que la Constitución brasileña contempla entre las causas que pueden llevar a la destitución de un mandatario. El Gobierno ha rechazado eso a rajatabla y tanto Rousseff como sus seguidores han repetido a los cuatro vientos que un proceso con miras a su destitución en ausencia de un "delito de responsabilidad" es un "golpe". Sin embargo, el propio instructor insistió ayer en que un proceso de juicio político no es un golpe de Estado, pues es realizado por el Parlamento, de acuerdo con las normas establecidas en la Constitución y ratificadas en diciembre de 2015 por el Tribunal Supremo.

De acuerdo con el instructor, las maniobras mediante las cuales el Gobierno contrajo deudas con los bancos públicos para financiar sus gastos corrientes sin reflejarlas en los balances fiscales sí constituyen un "delito de responsabilidad".