Sindicatos y movimientos sociales brasileños reforzaron ayer su convocatoria para la "huelga general" convocada para hoy viernes, la primera que enfrenta el presidente Michel Temer por el severo ajuste fiscal que ha puesto en marcha para salir de la crisis económica.

El paro general será el primero desde 1996, cuando, bajo el Gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), las organizaciones sindicales ocuparon las calles para protestar por el desempleo y los bajos salarios y a favor de la reforma agraria y de una política de asistencia social más amplia.

La situación actual del país también coincide con unas cifras de paro récord, que alcanza a 13.5 millones de personas, y una crisis económica profunda que el Ejecutivo brasileño intenta atajar con una batería de polémicas reformas que han derivado en la huelga de este viernes. Una de ellas es la reforma laboral, aprobada por la Cámara de Diputados en la noche de miércoles y que, de ser ratificada por el Senado, abrirá la puerta al abaratamiento de los costos laborales, permitirá negociar convenios colectivos con valor de ley y dará un duro golpe financiero a los sindicatos al eliminar la contribución obligatoria que les asignaba la normativa.

En la protesta también se clamará contra la otra reforma de gran calado que está trámite en el Congreso, la del sistema jubilaciones y pensiones, que, como las anteriores, es aplaudida por el sector empresarial y rechazada por los sindicatos.

Las reformas de Temer, que ocupa la Presidencia desde el 31 de agosto de 2016, cuando la entonces mandataria Dilma Rousseff fue destituida por el Congreso, se iniciaron con un controvertido techo de gastos y siguió con una ley de "tercerización" que permite convertir a los empleados en prestadores de servicios para cualquier actividad. Con la reforma laboral a las puertas de superar todos los trámites, Temer confía en que su duro ajuste fiscal sirva para acabar con la profunda recesión de los dos últimos años en los que el Producto Interior Bruto (PIB) del país se desplomó más del siete por ciento. Temer sostuvo que la reforma modificará una legislación que data de 1943, "permitirá garantizar los derechos de los trabajadores previstos en la Constitución e impulsará la creación de empleos".