Sindicatos que agrupan a diversos cuerpos de Policía de Brasil protestaron ayer contra una reforma al régimen de jubilaciones propuesta por el Gobierno de Michel Temer y causaron graves incidentes reprimidos por la guardia del Congreso.
La protesta fue convocada contra una de las principales reformas del Gobierno, que apunta a aumentar la edad mínima para la jubilación, y transcurrió en forma pacífica hasta que un grupo de manifestantes intentó ingresar por la fuerza a la sede del Parlamento.
Los miembros de la Policía Legislativa intentaron impedirlo y se generaron incidentes en los que fueron quebradas algunas puertas de cristal y que fueron reprimidos con gases lacrimógeno y pimienta en pleno salón de entrada al Congreso.
Los sindicatos que promovieron la protesta calcularon en unos 3.000 el número de manifestantes, pero sólo unos pequeños grupos intentaron entrar por la fuerza al palacio legislativo. Según las normas actuales, en Brasil las mujeres pueden jubilarse con 30 años de cotización y los hombres con 35 y no existe para ello un límite de edad, con lo que hay quienes se acogen al sistema de protección social con apenas 50 años.
La propuesta inicial del Gobierno planteó una edad mínima de 65 años tanto para hombres como para mujeres, con por lo menos 25 años de cotizaciones.
Sin embargo, frente a la resistencia de algunos sectores del Congreso, el Gobierno aceptó alterar el proyecto, que ahora propone una edad mínima de 62 años para las mujeres y mantiene los 65 para los hombres.
Según sostiene el Gobierno, esa reforma es clave para salvar al régimen de jubilaciones de la quiebra a la que pueden llevar su abultado déficit y también permitirá apalancar la recuperación de la economía nacional, que lleva dos años en una profunda recesión.
DESACUERDOS
Las discrepancias por cambios a la edad mínima de jubilación para las mujeres retrasó la presentación del borrador de una reforma del sistema de pensiones del Gobierno de Brasil hasta el miércoles, dijo el martes un importante parlamentario. Los desacuerdos remarcan la persistente resistencia política a la impopular reforma, pese a concesiones del presidente Michel Temer para hacer que su plan sea más aceptable para legisladores que enfrentan elecciones el próximo año.
