El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil recibió hasta la noche del miércoles 22, cuando vencía el respectivo plazo, un total de 16 impugnaciones contra la candidatura presidencial del exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso por corrupción, informaron ayer fuentes oficiales.

Entre los que exigen que se vete la participación del líder socialista en las presidenciales del 7 de octubre, en su mayoría partidos políticos, destacan la propia Fiscalía General de la República y el Ministerio Público Electoral.

Pese a que lidera con gran ventaja todas las encuestas de intención de voto para las presidenciales, Lula, preso desde abril pasado para cumplir una condena de 12 años por corrupción, está virtualmente inhabilitado debido a que la legislación veta las candidaturas de condenados en segunda instancia por el tribunal colegiado, como es su caso.

Pese a ello, el Partido de los Trabajadores (PT) inscribió su candidatura el 15 de agosto con el argumento de que Lula fue condenado sin pruebas víctima de una persecución política y de que la democracia estaría amenazada con el veto del aspirante favorito a vencer las elecciones.

La última palabra la tendrá el Tribunal Superior Electoral, que aún no se ha pronunciado sobre el asunto y tiene de plazo hasta el 17 de septiembre, cuando faltarán 20 días para las elecciones.

De acuerdo con la legislación electoral, el Tribunal publicará en los próximos días un edicto en el que constarán todas las peticiones de impugnación contra Lula y a partir de ese momento la defensa del expresidente tendrá un plazo de siete días para responder a todos los asuntos cuestionados.

De las impugnaciones, siete fueron presentadas por otros candidatos presidenciales, por partidos políticos y por coaliciones partidarias.

La más detallada es la presentada por la procuradora general de la República, Raquel Dodge, que también es la procuradora general electoral, y quien impugnó la candidatura de Lula pocas horas después de que fuera inscrita.