La clase política brasileña amaneció ayer a la defensiva frente al terremoto que pueden suponer 320 pedidos de nuevas investigaciones formulados por la Fiscalía sobre la base de las declaraciones de Odebrecht sobre la corrupción en Petrobras.
Los testimonios dados en el marco de un acuerdo de cooperación judicial por 77 exdirectivos del grupo Odebrecht siguen bajo escrito secreto procesal, pero informaciones obtenidas por la prensa local insisten en que afectan a más de un centenar de políticos que han transitado por los círculos del poder durante los últimos 20 años.
Los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, ambos del Partido de los Trabajadores (PT) están entre los posibles implicados, pero con ellos aparecen al menos cinco ministros del actual Gobierno y el propio mandatario Michel Temer pudiera ser salpicado, aunque se desconoce en qué medida. Esas informaciones no oficiales, pero que tampoco han sido desmentidas, citan entre los sospechosos a los presidentes de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, y del Senado, Eunicio Oliveira, ambos de la base oficialista.
