Decenas de familias empezaron ayer a dar el último adiós a la treintena de niñas que murieron quemadas por un incendio en un albergue de menores, mientras el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, reconoció la responsabilidad del Estado en esta tragedia que golpea a su Gobierno.
"Que es una responsabilidad de Estado es un hecho, pero entendiendo el concepto pleno de la palabra. El Estado de Guatemala está conformado por Gobierno y población", subrayó el mandatario durante una visita a parte de las jóvenes heridas, después de que el jueves centenares de personas le culparon de la tragedia bajo el lema "Fue el Estado".
Las familias y la sociedad lamentan las muertes, piden justicia y exigen la renuncia del presidente por el incendio que el miércoles 8 dejó 37 adolescentes muertas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, cuando supuestamente ellas quemaron unas colchonetas para protestar por las agresiones físicas y sexuales que sufrían de forma sistemática.
Según algunos testimonios dolorosos, la tragedia se originó tras una revuelta de los menores internos para protestar por las agresiones, mientras las niñas estaban encerradas bajo llave en un aula de 4x4 en la que estaban castigadas por haber intentado escapar la noche anterior.
Cuestionado por si este drama, del que la Fiscalía busca responsables, pone en la cuerda floja al Ejecutivo, el presidente lo tiene claro: "En cuanto a si pone en un punto crítico al Gobierno es un hecho. Un hecho de esta naturaleza bajo ninguna circunstancia se puede pasar inadvertido".
No obstante, repartió la culpa e insistió en varias ocasiones que la responsabilidad no es solo del Ejecutivo, sino de todo el Estado, y agregó que trae a la palestra una realidad palpable que evidencia las limitaciones que tiene el país y la necesidad de continuar con una "reforma profunda y severa".
La casa hogar, a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, tenía a unos 748 menores, aunque su capacidad es de 400, y en su interior convivían huérfanos, menores conflictivos, niños víctimas de violencia, pequeños con discapacidad y otros que supuestamente habían sido internados por ya haber cometido delitos.
