La justicia sudafricana abortó ayer el proceso puesto en marcha en octubre por el Gobierno de Pretoria para retirar al país de la Corte Penal Internacional (CPI) al concluir que esta decisión debió haber sido debatida y votada antes por el Parlamento. En su sentencia, el Tribunal Superior de Pretoria estableció que "la decisión del Gobierno de comunicar la retirada al Secretario General de Naciones Unidas antes de su aprobación en el Parlamento es inconstitucional e inválida".