Perú ofreció ayer una fuerte recompensa para capturar al expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), y presionó a la Interpol para lanzar ya una orden de busca y captura internacional en su contra que permita su regreso al país, en donde cada vez tiene menos amigos para afrontar a la justicia.

Estas fueron las primeras consecuencias de la orden judicial dictada el jueves 9 para el encarcelamiento provisional de Toledo, acusado de lavado de activos y tráfico de influencias por recibir supuestamente 20 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para favorecer sus negocios en el país.

En un gesto de alto contenido simbólico, el Ministerio del Interior colocó al expresidente en la lista de los delincuentes más buscados y puso una recompensa de 100.000 soles (unos 30.000 dólares) para cualquier información que conduzca a su localización y captura.

"El Ministerio del Interior puso ya la alerta roja y la oferta de recompensa por 100.000 soles, la más fuerte que hemos puesto desde que estamos en el Gobierno, para cualquier persona de cualquier país del mundo que nos dé información sobre dónde se encuentra Toledo", informó el ministro del Interior, Carlos Basombrío, en declaraciones al Canal N de televisión.

La intención del ministerio es la de "ubicar hoy" al expresidente, que se encuentra fuera del país, y para ello Perú está presionando a la Interpol para que, "dada la gravedad del caso", se avance en activar la alerta roja internacional.

Para que no quedara duda de la voluntad para capturar al exmandatario, la ficha con la foto y el prontuario de Toledo, así como la cuantiosa recompensa en su contra ya figura en la página web del ministerio junto a la de otros criminales prófugos.

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, consideró "histórico" el proceso contra Toledo, al ser "la primera vez que, bajo las normas del debido proceso, se ha investigado a un alto exfuncionario del Estado y se ha culminado con una decisión de prisión preventiva por parte del Poder Judicial". La justicia peruana consideró que existen evidencias suficientes para arrestar a Toledo y mantenerlo 18 meses en prisión preventiva por supuestamente haber favorecido a Odebrecht en la licitación de la Carretera Interoceánica del Sur a cambio de jugosas dádivas, depositadas en un entramado de empresas en paraísos fiscales.