Unas 200.000 personas se manifestaron ayer por tercer día consecutivo en varias ciudades de Rumanía contra un decreto ley que despenaliza algunos casos de corrupción, una medida defendida por el Gobierno socialdemócrata pese a la presión social y las críticas, también desde el exterior.
La principal multitud -cerca de 100.000 personas, según la prensa rumana- se concentró en la noche del jueves al viernes ante la sede del Gobierno nacional en Bucarest, siempre con lemas como "ladrones", "vergüenza", "derogación" y "Rumanía, despierta!".
En el resto del país se congregaron otras 100.000 personas, de ellas, 20.000 en Timisoara (norte), y otras 20.000 en Cluj-Napoca (centro), dos de las principales ciudades provinciales de Rumanía.
Se trata de la mayor oleada de protestas desde la violenta caída del régimen comunista en 1989.
"No podemos permitir que nos roben sin una respuesta contundente por parte de la justicia", dijo una de las manifestantes, Alina Popa, profesora de matemáticas de un instituto de Bucarest.
"Es un decreto hecho a medida para unas pocas personas", señaló en declaraciones a EFE.
"Están desafiando nuestra dignidad y estamos cansados de que nos mientan", aseguró Raluca Stancu, otra de los manifestante, una joven informática que trabaja para una multinacional.
A pesar de la ira ciudadana, tanto el líder del Partido Socialdemócrata (PSD), Liviu Dragnea, como el primer ministro rumano, Sorin Grindeanu, defendieron ayer el polémico decreto, aprobado por vía de urgencia el martes.
"El Gobierno y los partidos que lo apoyamos seguimos decididos a ejercer tanto el poder ejecutivo como el legislativo", señaló Dragnea en rueda de prensa junto a Grindeanu, tras una reunión del Comité Ejecutivo socialdemócrata.
