La Corte Suprema de Argentina tumbó ayer la subida del gas para particulares definida por el Gobierno de Mauricio Macri en el primer cuatrimestre del año para paliar las deficiencias del sistema energético, medida que se sumó a fuertes incrementos ordenados también en otros servicios como luz y agua.
En su dictamen, los jueces del máximo tribunal del país consideraron por unanimidad que el Ejecutivo debió someter la medida a consulta pública antes de aprobarla y que, por tanto, "las tarifas deben retrotraerse a los valores vigentes previos al aumento", dispuesto desde abril.
La Corte tuvo en cuenta que la Constitución "prevé la participación de los usuarios en los servicios públicos" y "el derecho a la información".
Por ello, "para la fijación de tarifas de gas, la audiencia pública previa es de cumplimiento obligatorio", indica el fallo, que no afecta a los aumentos para industria y comercio.
Aunque para el Gobierno, que había justificado las subidas bajo el imperativo de paliar las deficiencias del sistema energético tras los 12 años de gobiernos kirchneristas, la decisión supone un revés, desde el Ejecutivo aseguraron que acatarán el dictamen y que convocarán audiencias públicas lo más pronto posible. El jefe de gabinete de Macri, Marcos Peña, destacó la "normalidad institucional" del proceso pero defendió que hay que "trabajar en una mejora estructural" del sistema, que atraviesa "una crisis muy profunda" y necesita inversiones.
La actualización de los precios, oficializada el 1 de abril, había supuesto inicialmente aumentos de hasta el 800 % aunque posteriormente el Gobierno fijó un tope de subida del 400 % para los usuarios residenciales ante al fuerte descontento social. La anulación del aumento dispuesto por la Corte, sin embargo, no afectará a otros tipos de usuarios como los industriales o comerciales, a los que también se habían aplicado subidas con un tope máximo del 500 %.