Unos 13.000 funcionarios turcos deberán devolver sus salarios de los últimos seis años por acceder a sus cargos en una oposición supuestamente manipulada por simpatizantes del predicador islamista Fethullah Güllen, acusado por el Gobierno de estar detrás del fallido golpe de Estado de julio pasado.
Según informó ayer el diario opositor "Cumhuriyet", los seguidores de Gülen habrían recibido de antemano las preguntas y respuestas del examen, efectuado en 2010.
Los funcionarios afectados por esta decisión del gabinete deberán devolver sus salarios más intereses, lo que de media son unos 100.000 euros, asegura "Cumhuriyet".
Debido al actual estado de emergencia en el país, no es posible recurrir esta decisión.
El Ejecutivo del islamista partido AKP acusa a Gülen, quien vive desde 1999 exiliado en Estados Unidos, de estar detrás del fallido golpe de Estado que costó la vida a 283 personas y causó miles de heridos.
Desde entonces, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, el Gobierno y la Justicia impulsan una verdadera purga de los sistemas judicial, militar, administrativo y educativo en búsqueda de supuestos seguidores de Gülen.
POLICÍAS
El Gobierno turco expulsó del cargo a más de 2.000 policías, así como a más de un centenar de oficiales militares, por supuestos vínculos con el fallido golpe militar del 15 de julio pasado, según un decreto hecho público ayer en el Boletín Oficial del Estado turco.
En total, 2.692 personas han perdido su condición de funcionario por este decreto dictado al amparo del estado de emergencia declarado el 22 de julio pasado, señala el texto.
Se trata de 2.360 agentes de la Policía, 196 empleados de la Autoridad de Telecomunicaciones (BTK) y 136 oficiales del Ejército, desde sargentos hasta generales.
Estas personas se suman a los 4.897 funcionarios que habían sido expulsados de su cargo público hasta ahora, y de los que más de 3.000 eran militares, según detalló el primer ministro turco, Binali Yildirim, el sábado 13 de julio.
Por otra parte, el total de funcionarios o empleados de sectores públicos suspendidos de su función y en espera de que se revise su caso supera los 75.000, indicó Yildirim entonces.
Todos ellos son sospechosos de mantener vínculos con la cofradía del predicador turco Fethullah Gülen, exiliado en Estados Unidos desde 1999, al que Ankara acusa de instigar la intentona golpista, si bien él lo ha negado. Durante la última década, los integrantes o simpatizantes de la cofradía habían llegado a ocupar numerosos puestos clave.
