El Senado brasileño comenzó a configurar ayer una clara mayoría favorable a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, durante una sesión en la que deberá pronunciarse sobre la continuidad de un proceso que puede concluir a fin de mes.
La sesión convocada para la primera de dos votaciones en las que se jugará la suerte de Rousseff debería durar unas 20 horas, pero el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, quien dirige el trámite como garante constitucional del proceso, ha dicho que está en negociaciones para intentar abreviar las discusiones.
Cuando concluya la fase de debates, los 81 senadores deberán votar un informe que recomienda la destitución de la mandataria, acusada de irregularidades fiscales que el instructor del proceso, Antonio Anastasia, ha calificado de "atentado a la Constitución".
Para que el informe sea aprobado es necesaria una mayoría simple de 41 votos y, tras las primeras ocho horas de debates, 24 senadores se habían declarado favorables, frente a apenas ocho que anticiparon su rechazo.
Uno de los legisladores que pidió la destitución de Rousseff fue Aécio Neves, quien preside el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y usó la tribuna en representación de otros diez senadores de esa formación, en un intento por acelerar la sesión.
Neves, derrotado por Rousseff en las elecciones presidenciales de 2014 por apenas tres puntos porcentuales, afirmó que el proceso ha demostrado la veracidad de la denuncia sobre la "irresponsabilidad" de la mandataria que hizo en aquella campaña.
"El país constata ahora lo que dijimos en 2014", pero también "quiere que aquellos que cometieron crímenes respondan por ello", así se trate de "la presidenta de la República, que no puede estar por encima de la ley", declaró.
Según Neves, "si jurídicamente los cargos ya están debidamente tipificados, también es verdad que esas irregularidades tuvieron efectos perversos sobre millones de brasileños", como el descalabro de la economía.
Las esperanzas de los partidarios de Rousseff por impedir la continuidad del proceso se redujeron cuando intervino el senador Cristovam Buarque, del Partido Popular Socialista (PPS), de quien se esperaba que pudiera rechazar el informe.