Una serie de noticias provenientes de Santa Cruz y Cochabamba han vuelto a llamar la atención durante los últimos días sobre una de las amenazas más serias que se cierne sobre el futuro bienestar del pueblo boliviano. Nos referimos a los llamados de auxilio lanzados por los productores de granos y oleaginosas del oriente del país, por una parte, y por los empresarios del sector avicultor cochabambino, por la otra.
En lo que al sector agrícola cruceño se refiere, los datos son muy elocuentes. Indican que, debido a la sequía, la producción de alimentos estratégicos para la seguridad y soberanía alimentaria del país sufrirá grandes pérdidas, cuyo valor ha sido calculado en al menos 120 millones de dólares.
Tal situación tiene directas consecuencias sobre los demás eslabones de la cadena productiva de alimentos, como la avicultura, la porcinocultura y la lechería, entre otros, sectores muy vulnerables ante cualquier modificación de los volúmenes y los precios de los alimentos que constituyen los insumos básicos de su actividad productiva.
Ese es el caso de los avicultores cochabambinos, que ya han advertido que, si no se toman medidas inmediatas, se corre el riesgo de que se rompa la cadena productiva de modo que, durante los próximos meses, se produciría una escasez de carne de pollo y, consiguientemente, un aumento de precios.
Ante tan grave riesgo, resulta de máxima urgencia la adopción de medidas que impidan que la crisis se agrave. Para hacerlo, hay dos fórmulas posibles. Una consistiría en que el Estado intervenga de manera protagónica haciéndose cargo de la importación masiva de grandes volúmenes de granos para satisfacer los requerimientos de los avicultores, recurriendo, si fuera necesario a la subvención. La otra, que es la que proponen los empresarios del sector agrícola y pecuario, es que el Estado deje de intervenir imponiendo, como lo hace actualmente, una serie de regulaciones, prohibiciones y exigencias que impiden los ajustes necesarios para afrontar la crisis.
Experiencias propias y ajenas indican cuál es la mejor de las opciones. Ya se ha comprobado que, cuanto mayor es la intervención del Estado, peores son los resultados, por lo que lo más aconsejable es que se dejen sin efecto las disposiciones que disminuyen la libertad de acción de los empresarios productores de alimentos.
Una de esas disposiciones es la que prohíbe la utilización de semillas genéticamente modificadas, pues mientras impide que los productores nacionales produzcan en igualdad de condiciones con sus pares de países vecinos, deja el mercado interno abierto para la importación, en gran medida a través del contrabando, de cereales transgénicos que, por su mejor calidad y menor costo, tienden a desplazar a los locales.
Como se puede ver, el desafío tiene dos dimensiones. Una es la que se proyecta al mediano y largo plazo a través de la adopción de una política alimentaria nacional integral. La otra es la inmediata, la que se mide en términos de días. Lo ideal sería que ambas converjan; pero, como esa posibilidad es aún remota, habrá que esperar que, aunque sea mediante paliativos de emergencia, se haga lo necesario para evitar que la escasez se imponga.