El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, activó ayer la Carta Democrática a Venezuela, lo que puede llevar a su suspensión del ente, por considerar que hay una "alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático".

"La Secretaría General de la OEA considera que la crisis institucional de Venezuela demanda cambios inmediatos en las acciones del Poder Ejecutivo (...) a riesgo de caer en forma inmediata en una situación de ilegitimidad", concluye Almagro en un informe de 132 páginas publicado ayer en la página de internet de la OEA.

El excanciller uruguayo (2010-2015) "sustenta" ese diagnóstico en las denuncias que le trasladó en las últimas semanas la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, y en sus propias conclusiones explicadas exhaustivamente en este largo documento que ha elaborado él mismo.

Así, recurre al artículo 20 de la Carta para "solicitar la convocatoria de un Consejo Permanente de los Estados miembros entre el 10 y el 20 de junio de 2016", fechas que coinciden en parte con la Asamblea General del organismo, en la que participan los cancilleres y que se celebrará entre el 13 y 15 de junio en Santo Domingo (República Dominicana).

Almagro se convierte de este modo en el primer titular de la OEA en activar la carta a un Estado miembro contra la voluntad de su Gobierno y lo hace amparándose en el artículo 20, que autoriza al secretario general o a cualquier Estado a pedir la convocatoria inmediata del Consejo cuando en un país "se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático".

"La continuidad de las violaciones de la Constitución, especialmente en lo que se refiere a equilibrio de poderes, funcionamiento e integración del Poder Judicial, violaciones de derechos humanos, procedimiento para el referendo revocatorio y su falta de capacidad de respuesta respecto a la grave crisis humanitaria que vive el país lo cual afecta al pleno goce de los derechos sociales de la población", argumenta Almagro en su informe.

"Todo ello implica que la responsabilidad de la comunidad hemisférica es asumir el compromiso de seguir adelante con el procedimiento del artículo 20 de una manera progresiva y gradual que no descarte ninguna hipótesis de resolución, ni las más constructivas ni las más severas", concluye.

Con este paso sin precedentes en la OEA se abre un proceso de reuniones y votaciones que pueden tener como consecuencia desde resoluciones o gestiones diplomáticas hasta la eventual suspensión de Venezuela como miembro del organismo, para lo cual es necesario el voto de dos tercios de los cancilleres y que solo ocurrió tras el golpe de Estado de Honduras en 2009.

En la práctica, la suspensión implica que el país deja de participar en todas las actividades y en los programas del organismo, como los de anticorrupción, seguridad y promoción de derechos.