El ministro de Defensa argentino, Julio Martínez, solicitó a los tribunales que se le permita al Estado usar la maquinaria pesada embargada a empresarios afines al kirchnerismo investigados en el marco de una causa por supuesto lavado de dinero, informaron ayer fuentes oficiales.
El funcionario solicitó al juez Sebastián Casanello, encargado de la causa que tiene en el punto de mira al empresario Lázaro Báez -principal adjudicatario de obra pública en la sureña provincia de Santa Cruz durante el kirchnerismo (2007-2015)- y a su hijo, Martín, que designe al Ministerio y al Ejército argentino como depositarios de los bienes confiscados a los investigados.
El objetivo es emplearla "en las tareas destinadas al apoyo a la comunidad que llevan adelante las Fuerzas Armadas en situaciones de catástrofes naturales o de emergencias en todo el territorio nacional", según detalló el Ministerio de Defensa en un comunicado.
También sería utilizado para el desarrollo de un plan de infraestructuras en el norte del país. Lázaro Báez permanece detenido desde comienzos de abril y tanto a él como a su hijo la Justicia les ha impuesto embargos millonarios.