La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, rechazó ayer la legitimidad del proceso de destitución al que se enfrenta y sugirió que, si se quiere “juzgar” su Gobierno, que el juez sea el pueblo por medio de unas elecciones.

“Desde el punto de vista de la política, el gran juez es el pueblo brasileño. Si quieren hacer un juicio de mi Gobierno, que acudan al pueblo brasileño y no al impeachment (juicio político). Solo quien tiene la legitimidad del voto, puede juzgar”, dijo Rousseff durante la ceremonia de inauguración de un centro de investigación agrícola de la empresa estatal Embrapa en Palmas, capital de Tocantins, en el norte del país.

Esta es la primera vez en que Rousseff sugiere en público la celebración de elecciones.

Pero esta posibilidad no está recogida en la Constitución en el caso de destitución o renuncia de un mandatario.

Rousseff reiteró su tesis de que el proceso de destitución se trata de un “golpe” de Estado, porque “no tiene base legal” y porque ella “ni siquiera” participó en los supuestos ilícitos que le imputa la oposición.

La denuncia se basa en unas maniobras contables, supuestamente irregulares, llevadas a cabo en los últimos años y que han sido comunes en los Gobiernos de los últimos presidentes brasileños.

PROGRAMAS SOCIALES

Asimismo, acusó a la oposición de tratar de llegar al poder para “acabar” o reducir los programas sociales que ha impulsado su gobierno.

Aseguró que el eventual Gobierno del actual vicepresidente, Michel Temer, que sustituiría a Rousseff si es apartada del cargo, quitará a 36 millones de personas el Bolsa Familia, principal programa de subsidios a los pobres, de los 46 millones que actualmente lo reciben.