La procuradora general de Guatemala (PGN), María Eugenia Villagrán, confirmó ayer que el Estado pedirá la nulidad del contrato con la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), involucrada en un caso de corrupción, así como la intervención de las cuentas de la compañía.
"La lección que le vamos a dar al mundo es que las empresas internacionales no pueden venir a hacer negocios con sobornos", afirmó Villagrán en una conferencia de prensa, en la que aclaró que las peticiones judiciales están a la espera de un acuerdo gubernativo que debe ser aprobado por el presidente del país, Jimmy Morales.
La empresa TCQ formaba parte del conglomerado internacional de la antigua compañía española Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB), que fue vendida en marzo al grupo holandés APM Terminals y que en Guatemala gestionaba la ampliación de la mayor portuaria del país, la terminal de Puerto Quetzal.
