México comunicó ayer oficialmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que no quiere que el grupo de expertos que investiga la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa continúe su labor, pese a la petición de los familiares para que siga hasta conocer la verdad.
El Gobierno mexicano anunció a finales de marzo que no renovaría el trabajo del grupo, que vence el 30 de abril, pero hasta ahora la CIDH no había recibido ninguna consulta ni comunicación oficial en este sentido.
El presidente de la CIDH, James Cavallaro, no fue informado hasta ayer, de que la "posición del Gobierno mexicano es que no se renueve el mandato del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes)" y que la Comisión "haga seguimiento al caso en el marco de sus competencias".
El comisionado emitió una declaración escrita para defender que "corresponde a la CIDH adoptar una decisión sobre la renovación del mandato del GIEI", y recordar que el acuerdo vigente establece que el mandato "podrá extenderse por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo, en consulta de la CIDH con las partes".
