El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela advirtió ayer en una sentencia que la Constitución prevé "límites democráticos" a la tarea fiscalizadora del Parlamento, actualmente de mayoría opositora al Gobierno del mandatario del país, Nicolás Maduro.
La sentencia se produce en momentos en que la oposición ha citado a diversos funcionarios a presentarse en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y anunciado que buscará adelantar el fin del mandato de Maduro a través de vías distintas a un referendo revocatorio, el único camino al que el Gobierno reconoce validez para el efecto.
Se trata, indicó la sentencia -sobre un recurso de interpretación de la Constitución impuesto por particulares-, de "garantizar el equilibrio entre los poderes" del Estado.
En Venezuela suman cinco los poderes (Ejecutivo, Judicial, Legislativo, Electoral y Moral, este último integrado por la Contraloría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo) y "todos están controlados por Maduro, a excepción de la AN", ha reiterado el presidente de ese ente, el diputado opositor Henry Ramos Allup.
