El Gobierno de Argentina dijo ayer que confía en que el Parlamento apruebe las leyes necesarias para cumplir con el acuerdo con grandes fondos de inversión acreedores anunciado este lunes y poner fin a las consecuencias del millonario cese de pagos declarado hace catorce años.

"Esta semana vamos a llevar al Congreso un proyecto de ley que nos permita ejecutar los acuerdos que hemos ido firmando con los distintos acreedores", dijo en rueda de prensa el ministro de Hacienda argentino, Alfonso Prat-Gay.

Argentina alcanzó en las últimas horas un principio de acuerdo con los acreedores que representan el 85 % de la deuda reclamada por fondos de inversión que hace una década llevaron a juicio al país suramericano en tribunales de Nueva York por bonos en mora desde finales de 2001 y que no ingresaron a los canjes de 2005 y 2010.

El acuerdo, que implica una reducción del 25 % en promedio sobre el monto que el juez neoyorquino Thomas Griesa condenó a Argentina a pagar a los litigantes, debe ser aprobado primero por el Congreso, que además deberá derogar las leyes cerrojo y de pago soberano que mantienen cerrados los canjes de 2005 y 2010.

Para lograr la aprobación parlamentaria, el oficialismo, que no posee mayoría absoluta en el Congreso, necesita de aliados y para ello ya ha iniciado conversaciones con la oposición, en las que, según Prat-Gay, se vislumbra que "hay un entendimiento" de que el litigio debe resolverse.

"Hay una fracción muy grande de la oposición que entiende que esto no es una cuestión de ideología sino de gestión", dijo el ministro, quien vaticinó que la discusión "va a ser madura".

Una vez logrado el visto bueno parlamentario, Argentina hará una emisión a principios de abril de dos o tres tipos de bonos de largo plazo en el mercado internacional para, con lo recaudado de esa colocación, pagar a los acreedores.