El ministro de Modernización argentino, Andrés Ibarra, anunció ayer que su cartera estudia la posibilidad de rescindir entre 24.000 y 25.000 contratos de funcionarios en todas las áreas de Gobierno, que se unirían a los 6.200 que ya se cesaron a principios de febrero.
Así lo adelantó Ibarra en una entrevista para la radio local La Red, donde sugirió que en lo que queda de mes se pueden producir más despidos si se confirman irregularidades en los procesos de contratación de estos, aunque evitó concretar el número de convenios laborales que no se renovarán.
"Podría haber más cesanteados si hay contratos que no cumplen funciones específicas o tienen origen de militancia financiada con dinero público", afirmó el titular de Modernización, al tiempo que explicó que el Ejecutivo que preside Mauricio Macri marcó un plazo de tres meses para analizar los contratos en cada área de Gobierno.
De hecho, los despidos de funcionarios estatales en Argentina comenzaron al poco de la asunción de Macri, quien a principios de enero aplicó un decreto para revisar irregularidades en los contratos estatales firmados durante los últimos tres años.