Activistas denunciaron ayer que el Gobierno de Paraguay busca influir en los testigos policiales de la masacre de Curuguaty con el nombramiento como viceministro de Seguridad del exfiscal del caso, Jalil Rachid, quien acusó a 11 labriegos de la muerte en 2012 de 11 campesinos y 6 policías.
En el juicio que se sigue a los 11 labriegos por esta matanza, ocurrida el 15 de junio de 2012 y que llevó una semana más tarde a la destitución del entonces presidente, Fernando Lugo, no hay imputado ningún policía.