Cinco días después de asumir la Presidencia argentina, Mauricio Macri, se enfrentó ayer a su primer escándalo político tras nombrar por decreto a dos jueces de la Corte Suprema, una fórmula que no se utilizaba en democracia en Argentina desde el siglo XIX, rechazada incluso por sus socios de Gobierno.
El presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, aseguró que los nuevos magistrados, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, "son juristas de mucho prestigio" y "son bienvenidos" a la Corte, pero evitó pronunciarse sobre la decisión de Macri de cubrir las dos vacantes sin contar con la aprobación del Senado.
"Somos totalmente ajenos y no podemos opinar", dijo Lorenzetti al ser consultado por los medios tras el homenaje realizado a Carlos Fayt, quien renunció a su puesto en el Supremo el 11 de diciembre. El Gobierno oficializó los nombramientos con un decreto publicado en el Boletín Oficial y el ministro de Justicia, Germán Garavano, defendió que se trata de "un mecanismo que prevé la Constitución Nacional". Todo el arco opositor mostró su rechazo unánime y pidió al presidente que convoque a sesiones si quiere cubrir las vacantes con rapidez.