La Comisión Internacional de Juristas expresó ayer su respaldo al juez guatemalteco Miguel Ángel Gálvez, a cargo del caso de corrupción aduanera por el que fue detenido el expresidente Otto Pérez Molina, y expresó "su preocupación" por la acumulación "excesiva" de asuntos judiciales bajo su competencia.
En una declaración pública, el grupo de juristas explicó que una misión reciente, encabezada por su comisionado, José Antonio Martín Pallín, constató que los jueces de Guatemala "continúan siendo amenazados en el ejercicio de su independencia por la injerencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)".
Esta intromisión, agregó, se produce, especialmente, en funciones administrativas, relacionadas con el control del personal, especialmente en el traslado "injustificado" de jueces.
En este sentido, explicó que Gálvez, encargado del Tribunal B de Mayor Riesgo, "ha afrontado riesgos de traslado en los últimos seis meses".
La comisión de juristas concluyó que la actuación del juez "se ajusta a los principios internacionalmente admitidos del derecho al debido proceso y a las garantías de los sindicados", por lo que manifestó "su preocupación" por la acumulación "excesiva" de asuntos judiciales de su competencia que hacen "imposible" una actuación dentro de los plazos establecidos por la ley.
En este sentido, demandó a la Corte Suprema "con toda firmeza" que tome medidas efectivas de apoyo hacia Gálvez para que pueda "concentrarse" en la tramitación de los asuntos que verdaderamente preocupan a la ciudadanía guatemalteca.
"Ningún órgano judicial puede afrontar la pesada carga judicial", afirmó el jurista.