Un comité judicial de Tokio aprobó ayer imputar a tres exejecutivos de la operadora de la central de Fukushima por negligencia a la hora de prevenir o reducir el impacto del desastre atómico de 2011, lo que supondrá el primer proceso penal en Japón ligado al accidente.
Los tres exdirectivos de Tokyo Electric Power (TEPCO) que serán procesados por su rol en la crisis originada por el terremoto y tsunami del 11 de marzo de aquel año son Tsunehisa Katsumata, de 75 años y presidente de la compañía en el momento del accidente, y los exvicepresidentes, Sakae Muto, de 65, e Ichiro Takekuro, de 69.
Aunque no la hizo pública hasta ayer, este comité de investigación judicial, compuesto por ciudadanos, tomó la decisión el 17 de julio argumentando que los tres "no tomaron medidas preventivas pese a conocer el riesgo de un gran tsunami".
El grupo de afectados que los demandó considera que el accidente en Fukushima, cuyos reactores sufrieron fusiones parciales tras perder el sistema de refrigeración, expuso a aquellos que residían alrededor a emisiones muy radiactivas.
También, que provocó la muerte de varios pacientes ingresados en hospitales cercanos a la planta cuando éstos debieron ser evacuados de manera forzosa. Las emisiones y vertidos de agua contaminada producto del accidente, el peor desde el de Chernóbil (Ucrania) en 1986, aún mantienen desplazadas a miles de personas que vivían junto a la planta y han causado daños millonarios a la agricultura, la ganadería, la pesca, y otros muchos sectores de la economía local. El grupo de afectados presentó una primera denuncia penal en 2012 con el argumento de que los ejecutivos siguieron operando Fukushima Daiichi sin tomar medidas para garantizar la seguridad de la planta pese a conocer los riesgos y también que los funcionarios se lo permitieron.
Entre las 42 personas incluidas en esa denuncia, se contaban los tres directivos y también el que fue primer ministro nipón durante el estallido de la crisis, Naoto Kan. Pero la Fiscalía del distrito de Tokio decidió en septiembre de 2013 no presentar cargos al considerar que era muy difícil prever la escala del tsunami que golpeó la central.
Descontentos con la decisión, los demandantes solicitaron un análisis más exhaustivo y recurrieron a este comité de investigación, un órgano raramente usado en Japón, compuesto por 11 ciudadanos anónimos que rotan cada seis meses y al que se recurre si se está insatisfecho con la labor fiscal.
