El Gobierno Autónomo Municipal de Potosí considera ilegal la venta del pan de batalla a Bs 1, debido a que todavía no concluyó el análisis de costos del producto. Por tanto, se mantiene vigente el precio de Bs 0,80, establecido en un acuerdo nacional entre el Gobierno y los panificadores.
Ariel Ayllón, comandante de Batallón de la Intendencia Municipal, informó que el análisis de costos del producto se encuentra en pleno desarrollo, con la participación de dirigentes de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), la Asociación de Panificadores de Potosí, concejales municipales y otros actores sociales.
Destacó que todavía no se estableció el precio unitario del pan de batalla, el cual deberá ser refrendado mediante una ley municipal que determinará la vigencia de ese costo.
Indicó que los panificadores pueden comercializar el pan de batalla de aproximadamente 60 gramos a Bs 0,80 y que no corresponde venderlo a Bs 1, como actualmente lo están haciendo algunos productores.
El pasado lunes comenzó el atentado contra la economía popular, cuando las caseritas de las tiendas anunciaron que el pan de batalla costaba Bs 1, en lugar de los Bs 0,80 que se cobraban anteriormente.
El Potosí evidenció que los panes comercializados a un Boliviano no tienen el peso de 60 gramos, sino que pesan menos. Incluso se encontraron unidades de apenas 44 gramos.
Dirigentes vecinales demandan sanciones contra los panificadores que venden el pan a Bs 1, puesto que esa medida no tiene respaldo legal y constituye un grave atentado contra la economía de los sectores más pobres de la ciudad de Potosí.
Concejales que participan en el proceso de análisis de costos del pan de batalla dieron a conocer que se había avanzado hasta establecer una base que sustenta un precio de Bs 0,80 para unidades con un peso de entre 55 y 60 gramos.
El incremento del precio del pan de batalla por parte de los panificadores asociados sería una medida unilateral y, por tanto, ilegal, ya que no cuenta con el respaldo de un estudio de costos ni de una ley municipal.
Los panificadores sostienen que, tras la eliminación de la subvención a la harina y otros componentes utilizados en la elaboración del pan de batalla, corresponde establecer un nuevo precio.
