Edwin Aguayo Arando fue ministro del Tribunal Supremo de Justicia y Marco Antonio Borda Belzu es un abogado acostumbrado a mediatizar sus casos. Ellos y otros cinco profesionales en Derecho que integraron la directiva 2015-2017 del Ilustre Colegio de Abogados de Potosí (ICAP) están obligados a devolver los 50.000 dólares americanos que retiraron de la cuenta de esa institución en el año 2016.
Esa es la sentencia emitida por el juez público civil y comercial número 1 de Potosí, Fernando Canaza Bobarín, que así cierra la primera instancia del juicio instaurado por la actual directiva del ICAP, presidida por el ex vocal judicial Franz Gonzalo Soliz Medrano.
Por razones que nunca fueron informadas, se decidió seguir un juicio civil, en lugar de uno penal.
Según la denuncia, el directorio del ICAP del bienio 2015-2017, que era presidido por Aguayo y en el que Borda era secretario de finanzas, retiró los 50.000 dólares de la cuenta colegiada y no la restituyó.
