Un escándalo de presunta corrupción y encubrimiento sacude a las Defensorías de la Niñez y Adolescencia y al Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) de Potosí, luego de que la Secretaria de Desarrollo Humano, Alejandra Sívila, denunciara la existencia de una supuesta red de abogados que habría lucrado con casos de violación, estupro y violencia familiar.

La autoridad reveló que varios procesos desaparecieron de los registros institucionales y terminaron en manos de abogados particulares, pese a que debían ser atendidos gratuitamente y denunciados ante el Ministerio Público.

“Aprovechando el cargo de profesionales han empezado a traficar ese tipo de casos para abogados particulares y los consorcios que se han generado”, denunció Sívila.

Por su parte, el alcalde Williams Cervantes reveló que se trata de varios procesos que serán investigados para determinar las responsabilidades.

Según la denuncia, los implicados habrían manipulado el sistema interno para borrar los procesos y derivar los casos a dos presuntos consorcios jurídicos identificados por la Alcaldía. Mientras tanto, las víctimas quedaban desprotegidas y sin acceso a justicia.

Lo más grave del caso, según la autoridad municipal, es que denuncias de violación y agresiones sexuales contra menores de edad habrían terminado en conciliaciones irregulares, algo completamente prohibido por ley.