Atendiendo un recurso de acción popular, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Potosí determinó el cese inmediato de las funciones de los miembros prorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gonzalo Hurtado, Yvan Espada, Julia Cornejo, Isidora Jiménez y Karem Gallardo.
También se dispuso gestionar ante la Dirección Administrativa Financiera de esa instancia judicial que se congelen los sueldos de las cinco autoridades accionadas ya que el cumplimiento de la resolución debe ser inmediato.
El tribunal también estableció la remisión de antecedentes a las instancias judiciales para que se determine si la acción de los cinco miembros del TCP prorrogados dio lugar a la comisión de delitos.
La decisión emerge de una acción popular planteada por Sandra Beatriz Aiza Soto y otras personas en contra de Gonzalo Hurtado, Yvan Espada, Julia Cornejo, Isidora Jiménez y Karem Gallardo.
Los accionantes observaron la legalidad de los cinco miembros que se mantienen en sus funciones desde el pasado mandato puesto que, en octubre de 2024, el TCP declaró sin efecto las elecciones de magistrados en Beni y Pando para el TSJ, y en Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija para el propio TCP. Las autoridades que emergieron de las elecciones judiciales últimas estaban trabajando junto a los magistrados que extendieron su mandato, situación que generó cuestionamientos sobre la legitimidad de su permanencia.
Los accionantes también pidieron que a través de las instancias correspondientes se impulse la aprobación de una ley de funcionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional con los cuatro vocales que ingresaron a sus cargos de manera legal a través de la última elección judicial.
MÁS ACCIONES
Tras la conclusión de la audiencia de acción popular, el apu mallku del Consejo Nacional de Ayllus Originarios Quechuas (Conamaq), Víctor Hugo Apaza, anunció que, al haber logrado la tutela del tribunal de garantías, tienen pie para impulsar procesos judiciales contra las cinco personas que estuvieron usufructuando funciones como autoridades judiciales.
