“Asumir medidas de hecho”: ese es el eufemismo con el que los dirigentes de las cooperativas mineras amenazan a las autoridades luego de que una resolución constitucional ordenó el congelamiento de cuentas de los principales ejecutivos del Ministerio de Minería y la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), exigiendo que se frene la destrucción del Cerro Rico de Potosí.

El congelamiento de cuentas se conoció el miércoles y la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) de Potosí sostuvo una reunión ese mismo día para asumir acciones. Como resultado de esa reunión se emitió un documento con cinco resoluciones y la primera de ellas es una advertencia respecto a sus dirigentes: “no permitiremos ninguna persecución política ni judicial a nuestro sector”.

Hasta ahora, todas las acciones respecto al deterioro del Cerro Rico se han dirigido contra el Ministerio de Minería y la Comibol, debido a que estas instancias estatales tienen la obligación de preservar los yacimientos mineros. No existe ni siquiera un anuncio de obrar judicialmente en contra de las cooperativas que, en esencia, son privados.

En su cuarta resolución, el documento dice que “en caso de suscitarse alguna confrontación que afecte a los derechos del sector minero cooperativizado potosino, nos veremos obligados en asumir medidas de hecho, en procura de hacer respetar nuestros derechos”.

Tras el congelamiento de cuentas, el ministerio y la Comibol tienen 31 días para ejecutar acciones que eviten más hundimientos en el Cerro Rico, pero el viernes llegó a Potosí el viceministro de política minera, Marcelo Ballesteros, quien dijo que no se paralizará los trabajos de la cota 4.400 hacia arriba, que es el área prohibida.

No obstante, Fedecomin ha convocado a una marcha de protesta que se realizará este lunes para demostrar, nuevamente, la violencia potencial del sector, en un acto de amedrentamiento. Se prevé profusión de explosiones de dinamita.

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