El suspendido gobernador de Potosí, Jhonny Oscar Mamani Gutiérrez, logró ayer que el juez segundo de instrucción en lo penal, Omar Cardozo, modifique la detención preventiva por detención domiciliaria en el caso denominado “compra de antígenos nasales”.
La decisión judicial mejora en parte la situación del procesado por la supuesta compra con sobreprecio de pruebas para la detención de coronavirus la gestión 2022.
Tras conocer y evaluar los argumentos presentados por las partes intervinientes en este proceso penal, el Juez de la causa determinó conceder la detención domiciliaria a Mamani.
El fiscal asignado al caso, Emeterio Ortega Vallejos, expresó su desacuerdo con la medida establecida por el juez y anunció la presentación de un recurso de apelación.
Según lo señalado por el fiscal a una radio local, la aplicación de la detención domiciliaria no está debidamente fundamentada y considera que el imputado debe continuar con la detención preventiva, puesto que existen riesgos procesales qué pueden obstaculizar el proceso de investigación.
La Fiscalía sostiene que un procesado accede a la detención domiciliaria puede solicitar el derecho al trabajo pero en este caso no será procedente puesto que el suspendido gobernador tiene otros dos casos en los que tiene detención preventiva.
De acuerdo a los antecedentes sobre el caso, el mes de agosto de 2022, el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí suscribió un contrato administrativo para la compra de pruebas rápidas antígenas nasales con un presunto sobreprecio aproximado del 60 al 80% en relación a las adquisiciones realizadas por otros departamentos.
La Comisión de Fiscales que investiga el "Caso Antígenos nasales" imputó formalmente en contra al Gobernador titular y otras 13 personas por la presunta comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes, Conducta Antieconómica, Negociaciones Incompatibles, Uso Indebido de Influencias y Contratos Lesivos al Estado.
ACUSACIÓN
Según la acusación fiscal, los antígenos fueron adquiridos la gestión 2022 con presuntos sobreprecios de entre el 60 % y el 80 % y, además, en ese entonces una parte ya habrían estado vencidos.
