El juez de Instrucción de Colcha K, Edson Villarroel Herrera, determinó la suspensión del tratamiento legislativo de los contratos firmados por Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) con empresas extranjeras, en tanto no se resuelva una acción popular interpuesta por comunidades originarias del sudoeste potosino.

La medida precautoria fue dispuesta en el marco de la demanda presentada por la Central Única Provincial de Comunidades Originarias Nor Lípez, que exige el cumplimiento de normas fundamentales antes de autorizar la explotación del litio, como la consulta previa a los pueblos indígenas, estudios de impacto ambiental y la regulación clara de la actividad extractiva.

El juez ordenó paralizar temporalmente el trámite legislativo de los contratos firmados por YLB con la empresa rusa Uranium One Group y la china CBC, mientras se resuelva en el fondo la acción popular. 

No obstante, el proceso judicial se encuentra en suspenso debido a que las partes involucradas no fueron notificadas formalmente.

En respuesta, YLB emitió un comunicado en el que aclara que no fue notificada con ninguna audiencia vinculada a la acción popular ni con la solicitud de medidas cautelares. La estatal boliviana señaló que, una vez que reciba la notificación oficial, presentará la documentación correspondiente bajo un respaldo técnico-legal. “No se ha vulnerado ningún derecho, ni individual ni colectivo, incluyendo los derechos de los pueblos indígenas originario campesinos”, puntualiza el documento.