Los casos de carguío repetitivo en las estaciones de servicio de la ciudad de Potosí y las provincias están creciendo a un ritmo alarmante y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) los está derivando al Ministerio Público por violar las normas legales.

El director regional de la ANH en Potosí, Esteban Llanos, informó que en los últimos días se incrementaron los controles en las distintas gasolineras de la capital y provincias y se pudo identificar entre 8 a 10 casos de carguío ilegal en cada centro de venta de carburantes.

Detalló que los dueños de motorizados cargan el producto en una determinada gasolinera, llevan el carburante a casa o un taller donde es vaciado y acumulado. Luego van a otro lugar de expendio de la gasolina o diésel con la intención de adquirir más.

En algunos casos podría tratarse de una acumulación que busque garantizar el carburante para consumo de la misma persona, pero en otros esa actividad de acumular los hidrocarburos podría tener relación con actividades de comercialización ilegal en precio mayor aprovechando que el producto es subvencionado.

En lo que va del año más de 1.500 casos de personas que realizaron el carguío repetitivo fueron enviados al Ministerio Público para que se realice la investigación de la finalidad de esa actividad y se defina el tipo de vulneración legal cometida para el procesamiento del responsable.

Los que serán procesados por el carguío irregular de carburantes podrían sufrir una sanción penal, pero también perder sus motorizados.

Está prohíbo que un motorizado pase combustible a otro de su tanque, o contar con tanques extras para recibir más combustible.

El personal de la ANH sospecha que el carguío repetitivo de carburantes, la acumulación y trasvasijado estaría yendo a la minería ilegal y a uso en automóviles chutos.

En las últimas horas se retomó el control de la comercialización de carburantes con la finalidad de que no se desvíe el producto que llega en precio menor a la población potosina.

En algunas regiones de Potosí existen muchos automóviles indocumentados los cuales no tienen acceso a la gasolina o el diésel porque carecen del B-Sisa o documento que demuestra la legalidad del motorizado y da acceso a la compra directa de gasolina o diésel.