Tras dos horas de viaje por un camino afectado por las lluvias y los cortes intermitentes debido a trabajos de mantenimiento, llegamos a Marchacamarca, municipio Tacobamba. En esta zona, la Minera Alcira denunció la presencia de minería ilegal.

La concesión minera se encuentra en un profundo cañadón, donde al menos seis bocaminas son explotadas por un grupo de similar de personas del mismo apellido.

El panorama es revelador: enormes compresoras de alto costo, carros metaleros listos en las bocaminas con evidencias claras de extracción, y pequeñas casuchas utilizadas para almacenar explosivos y otros insumos mineros.

En el lugar encontramos a un minero con el rostro y la ropa impregnados de sulfuro, completamente cubierto de polvo. La falta de seguridad industrial es evidente. Recién salido de una de las bocaminas, donde realizaba perforaciones, el trabajador evitó precisar quién es el dueño del yacimiento.

“Yo solo soy trabajador, soy nuevo. No sabría decir”, respondió, asegurando que en la bocamina había cinco obreros más trabajando. Según su testimonio, desconocen quiénes son los verdaderos responsables de la explotación.

Sin embargo, el minero confirmó que cada semana extraen hasta cuatro volquetas de mineral de ese socavón, sin contar de las otras cinco bocaminas activas dentro del área concesionada a la empresa transnacional.

CONTROL DE LAS MINAS

Cuando nos retirábamos, un grupo de más de diez personas, entre hombres y mujeres, apareció en la zona. Uno de ellos, que se presentó como Demetrio Ninachi, aseguró que la concesión minera pertenece a la empresa Alcira, pero afirmó tener contratos para la explotación desde 2014. Incluso mostró un documento que, según él, sigue vigente hasta junio de este año.

“Aquí no hay minería ilegal, aquí hay contratos para trabajar”, afirmó.

Sin embargo, la Minera Alcira desmintió esta versión. En un comunicado, la empresa aseguró que esos contratos fueron rescindidos. “Los contratos a los que estas seis personas hacen referencia de manera maliciosa fueron resueltos de pleno derecho en el año 2023, ante el flagrante incumplimiento de las condiciones establecidas”, indicó la compañía.