El conflicto que se desató en la Administración Autónoma para Obras Sanitarias (Aapos) por la instalación de una huelga de hambre a cargo de dirigentes de uno de los comités cívicos y una de las federaciones de la prensa tiende a complicarse porque el Directorio sostiene que no puede definir cuál de las directivas en la legal para acreditar los delegados a esa instancia.
Los que mantienen la huelga de hambre habían demandado la presencia del alcalde Jhonny Llally para que, en su condición de presidente del Directorio, de una salida a la crisis con un piquete de ayuno que ya estaba activo por ocho días.
El Directorio de Aapos se reunió ayer con la participación de la representante regional de la Defensoría del Pueblo, Jaquelin Alarcón, quien demandó que se busque una solución al problema porque está en riesgo la integridad y salud de los que encaran la huelga de hambre.
Los miembros del directorio señalaron que no podían definir cuál de los comités cívicos era el legal ya que ambas directivas tenían sus argumentos respecto a su supuesta legalidad.
Lo propio pasa en la federación de la prensa que, a iniciativa de uno de los ejecutivos, Erwin Valda, se convocó a la otra dirigente, Paola Ibarra, quien no habría acudido a la cita para que se pudiera iniciar el dialogo sobre el futuro de esa organización.
Los miembros del Directorio dejaron en claro que en caso de que ellos definieran cuál de las organizaciones debe acreditar su delegado podrían incurrir en error y a futuro todas las decisiones que asuma esa instancia podrían ser declaradas como ilegales.
