El gobernador Marco Antonio Copa destituyó al secretario departamental de Minería y Metalurgia, Valentín Álvarez Romero, y presentó denuncia penal contra esa autoridad y personas particulares por la supuesta comisión de hechos de corrupción tras el uso de formularios 101 falsificados (de exportación de minerales).

El hecho surgió tras la denuncia de un asambleísta departamental quien señaló que tenía tres audios en los que una empresa minera acordaba con el secretario de minería pagos por beneficiarse con el formulario 101.

Copa instruyó a su equipo jurídico intervenir en el tema y, tras analizar la situación, llegó a la conclusión de que las personas que usaron los formularios 101 de forma irregular no cuentan con todos los papeles en regla por lo que sería una unidad de producción ilegal y no le corresponde acceder a los formularios 101.

Se conoció que en el punto de control de Huancarani (Uyuni-Oruro) se evidenció la existencia de cuatro formularios falsificados para la salida de igual número de camiones con complejos de minerales.

Los encargados del control evidenciaron que los formularios llevaban el sello de la Empresa Sudandina International Industry S.R.L. y de un funcionario de la Gobernación llamado Freddy Acarapi Canaviri, quien desde el 29 de septiembre cumplía funciones en el puesto de San Cristóbal y, por lo tanto, no podía haber firmado esos documentos.

NEGOCIACIÓN

Los audios que fueron analizados por el equipo jurídico del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí demuestran que Valentín Álvarez dialogó con personal que supuestamente era de una empresa que tenía contrato minero, pero no todos los documentos por lo cual sería una unidad ilegal y no pueda sacar su producción de Tupiza.

Inicialmente el secretario de minería habló con una persona que sería desconocida la cual le pidió que, por favor, frene el caso para que no vaya a otras instancias.

Más tarde se constituyó en la secretaría de Minería el ciudadano Héctor Villacorta, quien le pide ayuda para que el caso no pase a mayores y le promete una colaboración como ya lo habrían hecho antes.

Álvarez Romero le dice que el personal ya conoció de este caso incluso el funcionario del cual se había usado su firma y que estaba en San Cristóbal por lo que se tendría que dar a todos.