Frente a la crisis del transporte que se vive por seguridad do por el repliegue de micros y minibuses, el alcalde Jhonny Llally invitó a personas particulares a prestar el servicio.
Ante denuncias en sentido que transportistas de gremios están pinchando llantas para evitar el trabajo de micros y minibuses se anunció movilización de la policía urbana y proceso judicial a los que violen la ley.
El alcalde dijo que se cuenta con el personal para realizar los controles y garantizar a los particulares a prestar el servicio ante la negativa del transporte de circular si no se incrementa el pasaje.
El sector del transporte público demanda una ley transitoria para incrementar la tarifa general de 1.50 a 2 Bolivianos hasta que se realice un estudio tarifario.
El transporte argumenta que el acuerdo en el que se quedó a finales de 2023 era realizar el estudio, pero hasta ahora no se ha logrado avances, ni con la contratación de la consultora.
Desde la Alcaldía se ha señalado que el bajo presupuesto dispuesto para el estudio imposibilitó a consultoras presentarse.
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