El gobernador Marco Antonio Copa anunció que, junto a su equipo jurídico, está analizando constituirse en coadyuvante en la denuncia planteada por Yacimientos del litio Boliviano (YLB) contra exfuncionarios que habrían generado un daño superior a los 400 millones de Bolivianos por el mal manejo técnico y administrativo en la construcción de las piscinas que son parte del proceso de industrialización del litio.
La autoridad departamental indicó que se tiene que analizar cuál es el daño que está causando al proyecto de explotación e industrialización del litio al proceso productivo porque de ese proceso surgen las ventas que redundan en regalías en beneficio del Departamento de Potosí.
Indicó que cualquier mala obra o retraso en el proceso constituye un atentado no solo a la economía de Potosí sino del país porque se trata de un proyecto de enormes dimensiones que tendrá una importancia vital en la economía.
La mayor reserva de litio que posee Bolivia se encuentra en los salares potosinos Uyuni y Pastos Grandes y también existe ese recurso en el salar orureño de Coipasa.
DENUNCIA
El pasado jueves, la presidenta ejecutiva de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Karla Calderón, presentó la denuncia formal ante el Ministerio Público, en contra de exfuncionarios de la estatal por los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica e incumplimiento de contrato en las piscinas industriales de evaporación en el Complejo Industrial, con un daño económico identificado de más de Bs 425 millones.
“La presidenta de YLB ha presentado la denuncia formalmente de un hecho que ya habíamos denunciado, respecto de un daño económico en las piscinas de evaporación que alimentan las plantas de cloruro de potasio y carbonato de litio”, confirmó el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, en conferencia de prensa, junto a la presidenta de la estatal y el procurador General del Estado, César Siles Bazán.
Frente a medios de comunicación, Calderón detalló que el informe de auditoría interna identificó la responsabilidad de diez exfuncionarios y de una empresa adjudicada por contratos irregulares en la construcción, impermeabilización y puesta en marcha de las piscinas industriales, entre 2013 y 2017, cuando aún existía la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos.
